Fallo condenatorio del Diputado Helio Rebot

Legislador por el Frente para la Victoria, kirchnerista.

Señor presidente: con esa fina y sutil ironía que los caracteriza, los ingleses suelen decir que el mayor beneficio de decir la verdad es que uno no tiene que estar acordándose de lo que dijo. Sería bueno que alguno de mis compañeros lo recuerde, para que sepan que los cobardes mueren mil veces antes de morir y que los valientes una sola vez.

Vamos a hablar de los hechos, porque soy abogado y porque quiero hablar de los hechos. Creo que los hechos son sagrados y creo que los comentarios son libres. Todos los hechos que voy a enumerar se hallan reunidos en esta causa, y también en la causa penal conforme a las constancias que obran en este expediente.

Es un hecho, y está acreditado en este juicio político, que el área de inspecciones y habilitaciones ha sido una de las áreas más críticas de la ciudad, al punto de que depende de ella nuestra propia seguridad, en muchos casos. Desde que tenemos memoria, hablar de inspectores ha sido hablar de corrupción.

Es un hecho que el Jefe de Gobierno así lo estimó cuando habló del focazo de corrupción y tomó la decisión, en noviembre de 2003, de borrar de un plumazo toda el área mediante el decreto 2116/03. Esa decisión fue exclusivamente suya y fue una decisión y una apuesta de alto riesgo, en términos de gestión. Perseguía la finalidad de borrar de un día para otro la corrupción y dar a luz un nuevo sistema de inspecciones que lo reemplazara totalmente.

Es un hecho, y está acreditado, que el desmantelamiento del sistema de inspecciones implicó el pase a disponibilidad de al menos 300 inspectores que tenían a su cargo el control de la ciudad, y su reemplazo por una planta de personal contratado, sin experiencia previa y en un número equivalente al 10 por ciento de esa fuerza total. Inicialmente, eran un poco más de 30 inspectores.

Es un hecho y está comprobado en este expediente que la combinación de estas medidas derivó en un absolutamente previsible e inmediato vacío de control. El nuevo organismo no podía cubrir todo el universo de locales a controlar, y es un hecho que hubo necesidad en la Administración de establecer un criterio de selección de objetivos a controlar, que se tomó sobre la base de las denuncias de los vecinos.

Es un hecho, entonces, que este nuevo sistema de selección de objetivos o locales a controlar no estaba basado en necesidades objetivas, relevantes de control, en lo que se conoce como el mapa de riesgo; estaba basada en las necesidades del común de los vecinos que habitualmente al hacer denuncias habla de ruidos molestos, de grescas en la calle, de alcohol, de molestias, pero jamás puede hablar de instalaciones eléctricas, de medidas de seguridad, de certificados de bomberos, porque es algo que escapa de su conocimiento.

Es un hecho que al frente de esta nueva área de contralor el doctor Ibarra ubicó a personas de su máxima confianza y con los cuales se hallaba íntimamente ligado por estrechos lazos de amistad y de política: Juan Carlos López, Fabiana Fiszbin y Marcelo Antuña no eran empleados de Aníbal Ibarra, eran socios políticos, militantes políticos de su propia fuerza y con los que él mismo tomaba las decisiones. Todos están procesados por la Cámara Penal de nuestra ciudad, el máximo organismo penal después de la Corte Suprema delitos cometidos en el ejercicio de las funciones públicas que les atribuyó el propio Jefe de Gobierno.

Es un hecho que de acuerdo con las normas vigentes desde 1997 hasta el día de la tragedia de Cromañón nunca el local de Bartolomé Mitre 3060 pudo estar habilitado ni mantenerse habilitado, en toda su historia. Y es un hecho, que ha sido reconocido por el doctor Juan Carlos López, que no había más de media docena de locales en toda la ciudad de las características y de la magnitud de Cromañón.

Es un hecho que en este juicio ha quedado acreditado la existencia de una innumerable cantidad de irregularidades que no tienen explicación: funcionamiento de locales bailables sin habilitación o en zonas donde las normas no lo permiten. Esto lo ha dicho la propia licenciada Fiszbin en la justicia penal, y también lo citó el compañero Bidonde.

Es un hecho que se aplicaban criterios distintos con la misma norma: con la misma norma de certificación de Bomberos se clausuraban locales, ante la falta de certificación, y en otras situaciones se permitía que siguieran funcionando sin ninguna discriminación de razones.

También es un hecho, y ha quedado acreditado en este expediente, que las máximas cabezas políticas del área recibieron e ignoraron inexplicablemente las numerosas alertas institucionales que daban cuenta claramente del peligro y del deficiente funcionamiento del área. No voy a referirme a ello, porque ya lo han hecho anteriormente mis compañeros.

Es un hecho que durante 2004 el local República de Cromañón nunca fue inspeccionado: ni una sola vez.

Es un hecho que el certificado de Bomberos se encontraba vencido desde noviembre de 2004; y es un hecho que el 30 de diciembre, lamentablemente el día de la tragedia, no debió estar abierto.

Hasta aquí, señor presidente, me he referido a los hechos, seleccionando sólo los más relevantes. Ahora, quiero adentrarme en lo que creo que es necesario aclarar en este juicio. En este juicio político no está en juego la aplicación del principio penal de culpabilidad, por el que se discute si el enjuiciado es culpable o inocente por acción o por omisión. En este juicio político está en juego, al igual que en todos los juicios políticos, la aplicación del principio de responsabilidad que implica determinar que una persona tiene o no responsabilidad política, con prescindencia de sus intenciones o de que haya cometido o no delito penal.

Tal como decía la querida Isabel Allende, "el que busca la verdad, corre el riesgo de encontrarla". He estudiado la causa y he llegado a la firme convicción acerca de algunas conclusiones que me han permitido y me permiten expresar razonablemente mi voto. Muchos han opinado en estos días sobre lo que debía hacer con mi voto. No es hora de contestarles; no sé si vale la pena. Sus ojos no vieron lo que yo vi cuando estudié esta causa.

Mis amigos y la gente que quiero no me han preguntado en todo este tiempo qué voy a hacer. Se han enterado hace pocos minutos, antes de que empezara esta audiencia. Estoy muy orgulloso de ellos.

Según el principio de responsabilidad, ¿cuál era el comportamiento exigible a un Jefe de Gobierno, a cualquier Jefe de Gobierno? ¿Cuál es la vara que tenemos para medir a nuestros dirigentes políticos? Por lo tanto, ¿cuál es la vara con la que tenemos que ser medidos nosotros y, por supuesto, medir la conducta del señor Jefe de Gobierno?

Desde que tengo memoria, la política en nuestro país y en muchas partes está asociada con lo sucio y con lo corrupto. De allí el puritano "no te metás" viene a expresar, de alguna manera, el rechazo de nuestra sociedad por esa suciedad en la política.

Ya en 1500 Nicolás Maquiavelo hablaba de que el fin justifica los medios, algo que en nuestros días los operadores políticos suelen denominar "realismo político" o "ética del poder". Como una suerte de reacción con los años, el idealismo puritano de la mano de Kant empieza a hablar de la ética, de las intenciones, del deber. Kant decía que había que actuar bien, que lo demás no dependía de los dirigentes y que debíamos ser responsables por nuestras consecuencias.

Entre estas tensiones entre medios y entre fines; entre la ética del poder y la ética del deber que llega hasta nuestros días, en 1919 con uno de los cientistas políticos más importantes de la historia de la humanidad, el doctor y profesor Max Weber, quien empezó a hablar de la ética de la responsabilidad. Mientras la ética del poder de Maquiavelo nos proponía una "moral de los fines", y la ética kantiana nos hablaba de la "moral de los medios", Weber empezó a hablar de la necesidad de combinar las dos cosas: no solamente un político debe tener en cuenta la intención individual con la que obra, sino también las consecuencias de sus acciones. Necesariamente deben confrontarse los medios con los fines y las intenciones con las consecuencias de adoptar una determinada decisión. En otras palabras, sin perder los valores, los políticos tenemos que sopesar prudentemente las herramientas necesarias para conseguir la realización de esos valores. y esto es lo que en la Ciencia Política se conoce como "principio de la responsabilidad".

Yo creo fervientemente en el principio de la responsabilidad. Nadie en su sano juicio le puede imputar a Aníbal Ibarra la intención de provocar la tragedia de Cromañón: Aníbal Ibarra no cerró las puertas de emergencia; no equipó al local con materiales inflamables y tóxicos ante la combustión. Aníbal Ibarra no tiró la bengala, ni coimeó a los policías que hicieron la "vista gorda" para no ver lo que tenían que ver. Nadie en su sano juicio puede cuestionar el hecho de que el área de Inspecciones era un "focazo de corrupción"; nadie puede cuestionar al doctor Ibarra cuando decía que esa área estaba perforada por la corrupción estructural; nadie en su sano juicio puede cuestionar la intención del doctor Ibarra de atacar la corrupción en esa área, y yo no pretendo venir a cuestionarlo acá. Pero todos los ciudadanos tenemos derecho a exigirle que las medidas que se adopten sean razonablemente adecuadas para conseguir los fines que se persiguen.

Aníbal Ibarra: la decisión personal y exclusiva de hacer tabla rasa con todos los inspectores fue un salto sin red hacia un sistema potencial futuro en donde tenía la esperanza de que nuevos inspectores y procedimientos hicieran una Ciudad más transparente. Entre lo viejo que usted estaba matando y lo nuevo que no acababa de nacer, pasó lo de Cromañón. La decisión de borrar de un plumazo toda el área de Inspecciones, sin un sistema probado que lo reemplace, fue su exclusiva responsabilidad. No fue razonable ni prudente; todo lo contrario, más allá de sus intenciones.

En término de ejemplos, esto equivaldría a sostener que porque en la Policía Federal hay corrupción estructural en algunas zonas tenemos que sacar a 12 ó 15 mil agentes y mandarlos a cobrar su sueldo a sus casas y poner a 1.200 cadetes, es decir, el 10 por ciento de esa fuerza, con cuatro meses de curso, a cuidar nuestros bienes y nuestra seguridad sin hacerse responsables de las consecuencias.

Tampoco resulta razonable el desconocimiento que usted alegó en cuanto a las irregularidades que han sido mencionadas, y tampoco resulta razonable que se ampare en la "teoría de la delegación" de la que habló la diputada preopinante: todas las personas responsables máximas del área fueron escogidas por usted entre su círculo íntimo de amigos y compañeros de militancia política; nadie puede suponer que ellos no sabían lo que usted pensaba, ni que usted no tenía conocimiento de lo que ellos hacían.

El general Perón, en una de tantas frases, solía decir que "el que no tiene cabeza para prever, tiene que tener espaldas para aguantar".

Por eso, al final de este camino, para concluir, hay que recurrir al principio de la responsabilidad. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de exigirle razonablemente a nuestro Jefe de Gobierno, cualquiera sea, que con un presupuesto de 7 mil millones de pesos y más de 100 mil empleados públicos asegure los mínimos recaudos para que nuestros hijos tengan sus vidas garantizadas en las situaciones más elementales. Todos los vecinos tenemos derecho de exigirle a este Jefe de Gobierno, y a cualquier Jefe de Gobierno, que cada vez que utilizamos el espacio público sujeto al control público, en donde los pobres y los ricos somos iguales, no estemos comprándole a nuestros hijos un boleto para jugar a la ruleta rusa. ¿A quién se lo vamos a exigir si no a nuestro Jefe de Gobierno? ¿O todos tenemos que ser inspectores, o ser policías, o bomberos? ¿Para que pagamos por tener servicios públicos, si tenemos que garantizárnoslo individualmente? Yo exijo esta ética de responsabilidad para mis funcionarios. Yo juzgo y exijo ser juzgado con esta misma regla y con esta misma vara. Yo quiero que mis gobernantes garanticen razonablemente la vida de mis hijos, y no sólo la de mis tres hijos, sino también la de nuestros hijos y las de los hijos de nuestros hijos, y también la de los hijos de Cromañón, porque los hijos de Cromañón también son nuestros hijos. Todos perdimos 194 hijos el día 30 de diciembre de 2004.

Hace muchos años, Alfredo Yabrán, en sus momentos de gloria, nos dejó una frase que todavía me provoca escalofríos. Yabrán dijo: "poder es impunidad". Tengo la íntima convicción de que Chabán podía, al igual que otros empresarios de la noche, hacer lo que se le antojaba porque se sentía impune: cerraba las puertas con candados, porque sabía que el poder no iba a castigarlo; metía cuatro veces la cantidad de gente permitida en sus recitales, porque sabia que el poder no iba a venir a contarla ni a sancionarlo; hacía lo que quería con la seguridad y con la habilitación de Cromañón, porque sabía que el poder no le iba a cerrar el local; y, hasta el 30 de diciembre de 2004, todos hacían la vista gorda con los "chabanes" de esta Ciudad.

Cromañón pasó, señor Jefe de Gobierno, porque nadie vio lo evidente; lo que nadie podía dejar de ver nunca. Por ese motivo, tenemos que abrir sus puertas para que todos los vecinos puedan visitarlo, para que el periodismo muestre esa enormidad que nadie vio.

Señor presidente: no quiero nunca más un Cromañón en la Argentina; nunca más jefes de gobierno que creen que nos hacen un favor gobernándonos. ¿Cómo evitar que estos hechos se repitan, si no aprendemos la lección?

Decía el genial Victor Hugo que "la conciencia es la prueba de la presencia de Dios en el hombre", y yo creo en eso. Estas son las razones que me dicta mi conciencia; estas son las razones que me dicta mi corazón, y voy a honrar mi juramento como diputado votando según estas razones. No voy a ser yo quien eche la última palada de tierra sobre esas 194 tumbas; si lo hiciera, tendría que empezar a cavar las tumbas, tal vez, de mis propios hijos.

Evita no nos hubiera permitido como peronistas que olvidemos a los pibes de Cromañón; no nos hubiera permitido que se deje a los responsables políticos seguir gobernando como si nada hubiera pasado.

Señor Aníbal Ibarra: me ha dolido profundamente su actitud, no su derecho a defenderse, sino su actitud de instalar la idea de que estamos frente a golpistas o demócratas. Yo he puesto el cuero desde muy chico, para que los golpistas de hoy no tengan posibilidad de regresar a la Argentina.

Muchos de mis amigos, de los que ya no están, lucharon conmigo y perdieron su vida. Otros tuvieron que irse de este país para luchar contra el golpismo.

¿Sabe, señor presidente? Una de las mayores emociones que experimenté en mi vida fue la de aquel día en el que, con mi presidente y con la compañera María Florencia Polimeni, entré en la ESMA a devolver algunos instantes a los sobrevivientes del terrorismo de Estado de aquella época.

El doctor Ibarra debe saber que la ética que se le debe exigir a un gobernante es mucho mayor que la que se les debe exigir a los aspirantes a gobernar. Si uno denuncia el canibalismo, para rechazarlo no se puede comportar como un caníbal.

No tengo ninguna duda acerca de la responsabilidad política del doctor Ibarra. No puedo abrir juicio sobre la culpabilidad en términos penales. De todos modos, si es verdad lo que decía Juvenal, en el sentido de que el peor castigo que le puede deparar a un culpable es no ser absuelto por el tribunal de su propia conciencia, le juro, doctor Ibarra, que deseo fervientemente haberme equivocado y que el tribunal de su propia conciencia lo absuelva por sus acciones.

Por mi parte, voto libre y responsablemente a favor de la destitución del doctor Ibarra.

Volver a Juicio Político<<>>Fallo Polimeni<<>>Fallo Romagnoli<<>>Enviar Mail al legislador<<>>Imprimir Página