Fallo condenatorio de la Diputado Silvia Majdalani

Legisladora por el PRO, macrista.

La seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado, y debe ser ofrecida con igualdad a todos los habitantes. Esto quiere decir que cuando una persona, un ser humano, un ser querido de cualquiera de nosotros o nosotros mismos salimos de nuestra casa, es el Estado el que tiene la obligación de cuidarnos y debe lograr minimizar los riesgos a los cuales podríamos enfrentarnos.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es elegido por el pueblo, quien al depositar su voto en la urna confía en que hará que su vida mejore en distintos aspectos y que velará en general por su bienestar.

Es para mí muy importante manifestar que entre el gobernante y el pueblo debe existir un ida y vuelta; debe existir una confianza mutua que le permita al gobernante tomar las medidas necesarias que le posibiliten optimizar su gestión de gobierno.

El Jefe de Gobierno decide quiénes estarán a cargo de las distintas áreas y, por lo tanto, es el responsable de su accionar.

Para entrar específicamente en el tema, queda claro que el doctor Ibarra, haciendo uso de sus facultades, designó a los funcionarios a cargo de las áreas de Salud y de Seguridad, y forma parte de sus obligaciones ejercer la supervisión de la gestión de las diferentes áreas.

Es obvio que el doctor Ibarra no puede realizar personalmente una inspección, ni brindar asistencia médica; pero sí debe supervisar que estas tareas se efectúen correctamente. Fue el doctor Ibarra quien le comunicó a la sociedad que el área de Verificación y Control de la Ciudad no funcionaba correctamente y que personalmente se haría cargo de solucionar tan irregular y peligrosa situación. Cansado de recibir denuncias y reclamos de los vecinos, disolvió el área. Es aquí cuando comienza un sinfín de modificaciones, resoluciones y decretos con el objeto de ordenar el área y hacer que ésta cumpla con su misión.

Ha quedado claro que no se logró esa meta, pero lo que es aún peor es que muchos de los funcionarios y empleado siguieron prestando servicios en el Poder Ejecutivo de la Ciudad en otros cargos, sin evaluar nunca que cambiándoles el cargo no se cambiaría el fondo. Se puso en manos de estos funcionarios el criterio selectivo de las inspecciones. Esto, entre otras cosas, generó que los empresarios transgresores se autocontrolaran.

En la noche trágica de Cromañón, el local funcionó por su autohabilitación, como un sitio público de recitales, con notable exceso en la cantidad de público permitida a la que se le sumó el hecho de las puertas internas cerradas, la salida de emergencia encadenada y la falta de ventilación, situaciones sin duda motivadas por la codicia de Chabán.

Ahora bien: aunque su actitud es imperdonable, no es menos grave el hecho de que nadie controlara. Y mucho peor es que el 30 de diciembre fue el tercer recital de las mismas características en el mismo local, situación que no pudo pasar inadvertida por la comisaría de la zona. Sumado a esto, la ausencia del poder de policía antes y durante equivale y deja probada la inexistencia total del servicio público a cargo del Estado el cual, como antes mencionara, debe velar por la seguridad pública. Una prueba de esto es que luego de analizar los testimonios de los secretarios de seguridad en funciones al momento del desastre y los dos posteriores, podemos evaluar sin duda el desorden que reinaba en el área y también establecer que las normas vigentes en diciembre de 2004 eran suficientes. Esta misma normativa hizo posible clausurar una gran cantidad de locales que funcionaban sin control alguno y, en muchos casos, hacían peligrar la integridad de sus concurrencias.

Pero, lamentablemente, la decisión de aplicar la ley se tomó después de los hechos de 30 de diciembre, desastre que dejó un saldo imposible de comprender, un dolor profundo en todos y cada uno de nosotros, y una pregunta sin respuesta: ¿por qué? ¿Por qué quienes fueron a divertirse no volvieron con vida a sus hogares? ¿Por qué la acción de algunos y la omisión de otros les quitó la vida? ¿Por qué duró tanto el caos? ¿Por qué no hubo vallado? ¿Por qué se trasladó el caos a los hospitales? ¿Por qué se permitió el traslado de pacientes sin asistencia? ¿Por qué se unificó la clasificación de los pacientes? ¿Por qué no se cuidó la vida? ¿Por qué no se respetó a los muertos? ¿Por qué no se cumplieron las normas?

Es por todo lo antedicho que voy a votar a favor de la destitución del doctor Aníbal Ibarra, quien tuvo el honor de acceder a la más alta de las jerarquías posibles de lograr por medio del voto popular de los ciudadanos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el convencimiento de que este cargo trae aparejado derechos y deberes, que ambos deben ejercerse, sin olvidar que hacer política significa trabajar por el bien común.

Gracias.

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